La entidad que preside Isidro Fainé tenía ya atada la absorción de Banca Cívica cuando el Gobierno sorprendió con una segunda ronda de exigencias de saneamiento inmobiliario lo que equivale a cambiar la dieta en mitad del banquete. Con todo, CaixaBank parece poder asumir el reto sin ayudas públicas. Después de todo, la entidad logró absorber íntegramente los 2.436 millones de euros que debía provisionar tras el decreto de febrero en el primer trimestre del año gracias a la generación de resultados -889 millones hasta marzo- y al fondo genérico para insolvencias, de 1.835 millones, que atesoraba. El decreto de mayo ha supuesto un coste adicional de 2.102 millones que la entidad espera afrontar mediante la generación de resultados de explotación. Un sacrificio extra que los analistas de Goldman Sachs estiman que arrebatará a CaixaBank el 94% de sus beneficios del año. Desde la entidad lo niegan alegando que el informe de Goldman obvia la posibilidad con que cuentan de sanear sus cuentas en dos años, en lugar de en uno, al fusionarse con Banca Cívica. Esta última arrastra a su vez una factura de 2.734 millones de la primera reforma y de 1.287 millones por la segunda. Desde CaixaBank defienden, no obstante, que la operación no supondrá una carga adicional dado que ya habían previsto un importe mayor, de 3.400 millones, para la operación.
CaixaBank, con un volumen de activos de 277.611 millones de euros (343.000 junto a Cívica, lo que la convertirá en la mayor entidad por activos en España), cuenta con una tasa de morosidad del 5,25%, que sube al 10,37% en el ámbito empresarial. En el caso de que los test de estrés de las consultoras, o de que la posterior valoración de créditos que realicen las auditoras, hicieran necesarios más recursos, el banco cuenta como colchón con su cartera industrial, que incluye participaciones en empresas del Ibex 35 como Repsol, Telefónica o Gas Natural.
