- Se centran en más de 20 millones de euros procedentes de un fondo de pensión
- Analizan la verosimilitud de la denuncia contra el presidente de La Caixa
La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) está estudiando la veracidad de una denuncia presentada contra el presidente de La Caixa, Isidre Fainé, por el presunto cobro irregular de más de 20 millones de euros. Dicha cantidad correspondería a un fondo de pensión activado al ser ascendido de la dirección general de la empresa a su presidencia, en junio de 2007.
La denuncia, según fuentes conocedoras de la investigación y de la entidad financiera, la habría presentado la semana pasada Luis del Rivero, segundo máximo accionista y ex presidente de la constructora Sacyr Vallehermoso. Dicho extremo no ha sido confirmado ni desmentido desde la OAC, que en estos momentos analiza tanto la veracidad de las acusaciones como su propia competencia en el caso.
El ex presidente de la constructora deberá acudir en los próximos días a la OAC para reafirmarse en el contenido de su denuncia contra el presidente de La Caixa.
Niegan irregularidades
La apertura de diligencias de verosimilitud -primer paso que realiza Antifraude ante cada denuncia recibida- ha llegado acompañada de requerimientos de documentación tanto a La Caixa como a otras instituciones, según ha adelantado el diario Economia Digital y han confirmado fuentes de la OAC a ELMUNDO.es.
Fuentes de la entidad financiera han asegurado, asimismo, que de momento la OAC les ha informado de que se trata de una "evaluación previa", además de negar que haya ningún tipo de irregularidad en los fondos obtenidos por Fainé.
Entre otra documentación Antifraude habría reclamado a La Caixa las actas del cese de Fainé como director general, su nombramiento como presidente del consejo y las cantidades recibidas por dicho ascenso y quesuperarían los 20 millones de euros.
El requerimiento de documentos también se ha hecho extensivo a la Agencia Tributaria para que entregue las declaraciones de la renta de Fainé correspondientes a los ejercicios entre 2007 y 2010.
La Oficina Antifraude dispone ahora de un plazo de un mes para decidir si abre una investigación formal o archiva el caso por considerar infundada la denuncia.
