Cada una de las tres mayores entidades españolas podría aportar individualmente hasta 2.000 millones de euros a los 8.000 millones que está anunciado que preste la banca para cubrir las necesidades de inversión de las comunidades autónomas con acceso prácticamente cerrado a los markets.
‘En el tramo de los 8.000 millones de euros que serán aportados por la banca figuran Santander, BBVA y Caixabank con aportaciones iguales de unos 2.000 millones de euros o algo poco’, habló una de las fuentes.
Añadió que Banco Sabadell y la nacionalizada Bankia aportarían conjuntamente hasta los 2.000 millones restantes.
Otra fuente bancaria, que aclaró que las negociaciones a pesar de todo están abiertas, puntualizó que otros bancos medianos como Popular alcanzarían incorporarse a la línea de crédito reduciendo la exposición del resto y aclaró que, como garantía de crédito, las entidades que cooperen en la operación conservarán bonos del Estado.
Ninguno de los bancos involucrados quiso hacer expresiones con conexión en tanto el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, se limitó a reseñar que la línea de crédito se formalizará en los ‘próximos días’.
La facilidad de crédito regional, que se verá reforzada con otros 4.000 millones de euros aportados por el Tesoro y 6.000 millones a través del rentable holding de loterías estatal que sondea el market para una emisión de bonos, emprenderá a estar listo a partir de finales de septiembre con unos 3.000 millones desembolsados, habló otra fuente.
‘Habrá un primer tramo de unos 3.000 millones de euros de la línea de crédito listo a finales de septiembre’, habló la fuente. ‘Esta cantidad sería apta para cubrir los vencimientos de 2012 de Cataluña y Valencia.
Ante las restricciones de crédito y descomunales bajadas de rating, está anunciado que la mayoría de las 17 comunidades autónomas – que aledaño con ayuntamientos son responsables de cerca del 50 por ciento del gasto público – se acojan al componente de ayuda. Formalmente han solicitado ayuda los gobiernos de Valencia y Catalunya, las dos comunidades más endeudadas del país.
