El ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, ha explicado hoy que la intención del Ejecutivo es que los inversores privados se hagan con hasta el 55% del ‘banco malo’. Entre estos inversores ha citado a los bancos sanos que no tengan que transferir sus activos a esta sociedad, una lista que en España se limitaría en la práctica a Santander, BBVA y La Caixa.
Estas tres entidades, las más grandes del sector, sacaron las notas más altas en las pruebas de resistencia realizadas por Oliver Wyman. También aprobaron Sabadell-CAM, Kutxabank, Bankinter y el proyecto de fusión de Unicaja con Caja España-Duero, pero en estos casos los observadores del mercado señalan que, al tener un tamaño más reducido, es más difícil que puedan tener una participación significativa.
Junto a los bancos sanos, también participarán en la sociedad de gestión de activos, auténtica denominación del ‘banco malo’, aseguradoras y otros inversores cualificados, según ha señalado De Guindos.
Las entidades nacionalizadas, Bankia, Novagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia transferirán los activos inmobiliarios a la sociedad gestión a partir del 1 de diciembre, y posteriormente lo irán haciendo el resto de entidades que requieran ayudas públicas.
El ‘banco malo’ se financiará con deuda senior de los bancos que transfieran activos, garantizada por el Estado y estructurada para ser colateral en la ventanilla del Banco Central Europeo (BCE). El FROB aportará un 10% del ‘equity’ (capital), según el ministro, que ha añadido que esta nueva sociedad permitirá limpiar el balance de las entidades, porque asumirá sus activos tóxicos y los liquidará en un plazo de 15 años.
No obstante, el titular de Economía ha soslayado de nuevo uno de los aspectos clave para determinar el éxito del ‘banco malo’, los precios de transferencia de estos activos, sobre lo que se ha limitado a señalar que se utilizará “el valor económico real de cada activo” con el objetivo de favorecer la entrada de inversores privados. En ese sentido, ha señalado que “habrá umbrales mínimos por debajo de los cuales no se podrá transferir activos, para que no se impida la gestión eficiente de la sociedad de activos”.
La valoración de los activos se ha convertido en un asunto peliagudo, ya que, tanto si se pasa como si se queda corta, podría causar graves perjuicios y un agravamiento de la crisis. Por un lado, si el precio que se paga por los activos inmobiliarios resulta demasiado generoso, el ‘banco malo’ posteriormente se vería obligado a venderlos a un precio inferior e incurrir en pérdidas, por lo que los inversores no se arriesgarán a invertir en él, a pesar de que el negocio en principio se plantea para obtener rentabilidad a largo plazo, de entre 10 y 15 años.
Por otro lado, si se paga un precio inferior al que aparece en los balances de los bancos, serán estos los que deberán asumir pérdidas contables. En principio, sólo se verán obligados a vender sus activos al ‘banco malo’ las entidades en proceso de resolución o de reestructuración, es decir, aquellas que hayan recibido ayudas públicas, por lo que si el precio es muy bajo podrían tener que recibir aún más capital público.
De Guindos ha defendido asimismo en el Congreso que las pruebas de resistencia realizadas a la banca por Oliver Wyman constituyen un ejercicio de “transparencia y rigor sin precedentes” y ha mostrado su confianza en que devuelvan la confianza al sector. En ese sentido, el ministro ha añadido que en los próximos días el Banco de España anunciará el coste de estas pruebas de esfuerzo, que pagará el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
El ministro ha comparecido en la Comisión de Economía del Congreso, a petición propia, para informar del contenido del informe de Oliver Wyman que señala unas necesidades de capital de 59.300 millones de euros en las entidades financieras españolas.
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