Si su caja de ahorros ya no existe, su sucursal de toda la vida ha cerrado o los empleados que solían atenderle han sido prejubilados no se preocupe, es lo normal. En poco más de tres años –desde marzo de 2009, cuando la bancarrota de Caja Castilla-La Mancha dio inicio a la carrera de fusiones, absorciones, quiebras y nacionalizaciones–, el sistema financiero español ha pasado de «jugar en la Champions League» a encontrarse a la espera del rescate vía inyección de hasta 100.000 millones de euros procedentes de la Unión Europea. De un mapa con prácticamente una caja de ahorros por provincia (sumaban 45) se ha evolucionado a otro en el que han sido sustituidas por apenas diez bancos. Una entidad, La Caixa, ha engullido hasta seis cajas mientras que otra, Caja Madrid, trató de hacer otro tanto, pero se atragantó en el proceso y terminó siendo intervenida por el Gobierno.
Castilla y León podría decirse que ha reproducido a escala reducida el proceso seguido a nivel nacional. Las entidades de la región optaron por emprender caminos diferentes y su suerte ha sido dispar. Caja España y Caja Duero sumaron sus fuerzas pero, al resultar insuficientes, desembocaron –en un proceso que aún no ha culminado– dentro del banco creado por la andaluza Unicaja. Caja de Burgos apostó por unir su destino al de una entidad navarra, una andaluza y otra canaria en lo que fue Banca Cívica y terminó absorbida por La Caixa.
Caja Segovia y Caja de Ávila abrazaron el proyecto de Rodrigo Rato para Caja Madrid, pero aunque convencieron al Banco de España no lo lograron con los mercados y se estrellaron contra la realidad de encontrarse, dentro de Bankia, intervenidas por el Estado. La más diminuta de la comunidad, CajaCírculo, se halla dentro la fusión de siete entidades liderada por Cajastur (Liberbank) e Ibercaja, donde sigue siendo la pequeña de la familia.
La traducción de la reestructuración del sistema financiero a efectos prácticos a pie de calle ha supuesto en Castilla y León –aparte de las exorbitantes prejubilaciones de algunos de sus directivos– la clausura de 373 sucursales y la destrucción de 1.502 puestos de trabajo. La contracción de la red de oficinas ha sido más o menos similar a la experimentada en el conjunto de España, pero no así la reducción de plantillas, bastante más intensiva en el caso de la comunidad autónoma.
La vía de las prejubilaciones
Según datos de la Seguridad Social, la sección de actividad recogida bajo el epígrafe de 'actividades financieras y de seguros' contaba con 17.872 afiliados en diciembre de 2009, una cifra que se había reducido hasta 16.370 al finalizar 2011, es decir, el 8,5%. En el conjunto de España, la purga ha afectado a 21.684 empleados (el 5,6%), hasta dejar la cifra en 366.855 personas.
Mientras, de las 3.128 sucursales que había abiertas en Castilla y León en marzo de 2009 hemos pasado a las 2.755 de dos años después, según datos del Banco de España, es decir, el 11,6% menos. El conjunto del país, que ha experimentado un ajuste en la red de oficinas del 12%, tiene ahora 39.616 sucursales de bancos, cajas y cooperativas de crédito, 5.429 menos que hace dos años.
Ni que decir tiene que el grueso del recorte ha tenido lugar entre las entidades de ahorro, que de 25.035 sucursales al cierre de 2008 (24.252 en 2009) ha pasado a las 20.726 oficinas con las que acabó 2011. Según los datos aportados por la CECA, frente a los 134.867 empleados de 2008 (132.340 en 2009), al finalizar 2011 se contabilizaban 115.659, es decir, 19.208 trabajadores menos.
Esta reducción de redes y personal en aras del máximo ahorro y la eliminación de duplicidades por las fusiones ha provocado, asimismo, que las sedes centrales se hayan trasladado a Madrid o Barcelona, según el caso. Por otro lado, la mayoría de las extinciones de contratos se han llevado a efecto vía prejubilaciones.
La parte positiva es que menos sucursales y menos plantillas suponen menores costes de intermediación, lo que debería repercutir en mejores condiciones para los clientes. La negativa es que el ajuste de personal ha requerido un aluvión de empleados retirados a los 55 años, con complementos salariales abonados con las maltrechas arcas de las entidades, más la parte pertinente a cargo del erario público.
Con todo, el ajuste laboral para dimensionar el sector a la nueva realidad no ha terminado. Ni entre las antiguas cajas, ni tampoco entre los bancos, que hasta la fecha han permanecido al margen del baile de fusiones con contadas excepciones. En los últimos tres años apenas se han producido unas pocas operaciones: la compra por parte del Banco Sabadell del Guipuzcoano y de la quebrada CAM, la absorción del Banco Pastor por parte del Popular y la de las cajas de Unnim por el BBVA. Este último ya ha anunciado a los sindicatos que prevé reducir la plantilla el 40% (1.218 trabajadores) y cerrar 332 sucursales entre las dos entidades.
Excedente en Castilla y León
Tras entrevistarse con Juan Vicente Herrera en mayo pasado, el presidente de Unicaja ya dejó claro que fusión es sinónimo de «reducción de gastos», es decir de reducir las plantillas, primero de forma individual en las entidades castellano y leonesa y andaluza y después de forma conjunta. Caja España-Duero, que ya se desprendió de 850 empleados durante la integración de la caja leonesa con la salmantina, cuenta en la actualidad con alrededor de 4.700 trabajadores. Con vistas a su integración en Unicaja, la dirección de las entidades ya ha trasladado a los sindicatos que querrían recortar la plantilla global resultante en otras 1.000 personas.
La Caixa, que tiene 5.182 oficinas en España y 24.915 empleados (26.993 en todo el grupo CaixaBank), tras absorber Banca Cívica y con ella Caja de Burgos se ha encontrado con 6.590 oficinas y 34.800 empleados. Según publicó el diario 'Cinco Días', los primeros cálculos arrojaban un excedente de plantilla en la nueva entidad de alrededor del 10% del total, a materializar a través de prejubilaciones y un expediente de regulación de empleo (ERE), según fuentes sindicales. En cuanto al número de oficinas, el cierre será de unas 1.000 sucursales, en torno al 15%.
En cuanto al caso de Bankia, que afecta a las cajas segoviana y abulense, ya antes de la llegada a la presidencia de José Ignacio Goirigolzarri tenía pendiente cerrar su ajuste de plantilla. El original, aún no completado, incluía la salida de 4.000 trabajadores, el 16% de la plantilla de ese momento, y el cierre del 20% de la red de oficinas.
Es un clamor en el sector financiero, y así lo admiten los sindicatos, que las reducciones de plantilla venideras no disfrutarán de las condiciones que se han pactado en los últimos tiempos.
De logo en logo, en busca del rótulo definitivo
En lo que se refiere a cambios de imagen, renovación de marcas y actualizaciones de rótulos, entre las cajas de ahorros hay de todo, como en botica. Mientras en algunos casos la nueva dueña solo necesitó unos días para borrar todo recuerdo de la antigua situación, en otros la decisión sobre lo que hacer lleva posponiéndose casi dos años. En cualquier caso, la fotografía bancaria vista desde el punto de las fachadas en la calle tiene al cliente algo confundido. Sucursales que desaparecen, otras que cambian de aspecto y logotipo, algunas más que parecen congeladas en el tiempo...
Caja de Burgos. A finales del mes de julio, en poco más de una semana, La Caixa –ahora CaixaBank– cambió todos los rótulos de Caja de Burgos. En la provincia burgalesa, los nuevos carteles mantienen la denominación de la entidad junto al logotipo de Miró, mientras que en todas las oficinas que tenía en el resto de provincias desapareció toda referencia a la caja anterior. Son, desde entonces, sucursales de La Caixa. Año y medio después de que la marca Banca Cívica inundara todos los rótulos de la entidad burgalesa, esta se había evaporado por completo. Sobre el número actual de oficinas, en la entidad comentan que La Caixa computa «como centros las oficinas a pie de calle propiamente dichas, los despachos de algunas zonas rurales, los centros de empresa o de instituciones, los de banca privada y los de promotores». Sumados todos los conceptos, la dirección territorial con sede en Burgos (que aglutina Castilla y León y Asturias) cuenta con 440 centros; 59 de ellos en la provincia de Valladolid. El número de empleados de La Caixa en Castilla y León asciende a 1.469.
Caja España-Duero. Mientras, las sucursales de Caja España-Duero siguen luciendo su 'look' original, el que cada una de ellas tenía antes de unir sus destinos. A la espera de la decisión que se adopte con la andaluza Unicaja, la denominación 'intermedia' de Banco Ceiss (siglas de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria) no ha llegado a verse más que en los papeles. En su visita a Castilla y León en mayo, Braulio Medel señaló sobre la denominación de la entidad resultante que cada entidad mantendrá las marcas actuales en sus respectivos territorios. «Los tres nombres son un potencial y sería un despilfarro no mantenerlos», dijo el presidente de Unicaja. La decisión final, incluido el lavado de cara de las 563 oficinas con que cuenta Caja España-Duero, deberá esperar a octubre o noviembre, según fuentes de la entidad.
Caja Segovia y Caja de Ávila. El logotipo de Bankia y su símbolo, una 'B' mayúscula, distingue de una u otra manera las 3.200 sucursales y los más de 7.000 cajeros automáticos que el banco tiene repartidos por todo el territorio nacional. Sin embargo, la nueva marca comparte espacio con la original de las siete entidades que dieron origen al grupo en sus territorios de origen. Estas se resisten a desaparecer en mayor o menor medida. En particular se resiste Caja Segovia, que pretende convencer a la dirección de Bankia de que es mejor que siga utilizando su imagen clásica («algo que favorece porque, a pesar de todo, está bien valorada», dijo su nuevo presidente Rafael Encinas a El Norte).
Otras cajas. En este proceso en que las entidades practican la 'prueba, error y rectificación' y vuelven a empezar, hay, como se ve, ideas para todos los gustos. Ahí está caso de Novacaixagalicia, que lejos de su zona de influencia –que incluye León y Asturias– ha optado por no operar con dicha marca y ha elegido llamarse EVO. La entidad gallega, que se encuentra intervenida por el Estado, tiene 120 oficinas de EVO, la mitad de las cuales abren de forma ininterrumpida de las 8:30 a las 20:00 horas.
http://www.elnortedecastilla.es/20120916/economia/reforma-financiera-arrasa-tres-201209161854.html
