IMPEDIRÁ CASOS COMO LOS DE CCM Y CATALUNYACAIXA
Las condiciones que va a imponer la Comisión Europea para el rescate de la banca española no se van a limitar a la prohibición de repartir dividendos y a la limitación de los sueldos de los gestores de las entidades que reciban dinero público. También se las obligará a realizar desinversiones, se las impedirá utilizar el dinero del rescate para adquirir otras entidades y, sobre todo, no podrán aprovechar sus situación para dar tipos de interés por los depósitos superiores a los de sus competidores.
De esta forma, la Comisión Europea no permitirá escándalos como los de los depósitos de CCM, primero, y de CayalunyaCaixa, después, que rompieron el mercado de los depósitos con ofertas mucho más agresivas que las del resto después de ser rescatadas con dinero público. Unas prácticas que en su día fueron toleradas por el FROB y el Banco de España pese a la indignación generalizada en el sector.
Estas condiciones se incluyen en una normativa de 2009 de la Comisión Europea sobre rescates bancario, y se han aplicado a la mayoría de la banca europea que, como es sabido, está nacionalizada en mayor o menor medida desde ese año. De hecho, recientemente el organismo europeo no aprobó un plan de desinversiones de ING por considerarlo insuficiente y le exigió medidas más contundentes.
Porque ese es otro elemento importante: aquí no se exige un plan a varios años y ya está, como ha ocurrido en España con las ayudas concedidas hasta la fecha por el FROB, sino que éste se va evaluando de forma periódica y se imponen nuevas exigencias si los logros no son satisfactorios. Es decir, hay una vigilancia férrea y constante por parte de Bruselas sobre los bancos rescatados, mucho más dura que la ejercida por las autoridades españolas.
Dado que la intención del Gobierno, al menos inicialmente, es
inyectar dinero europeo de forma generalizada en el sector -el famoso 'manguerazo'-, por mucho que
la banca mediana se resista, estas condiciones supondrán el
fin de la guerra de depósitos en España que tanto daño ha hecho a los márgenes del sector en los últimos años. Una guerra que sigue en vigor, aunque con menos virulencia por las penalizaciones que impuso el Gobierno socialista; precisamente, quienes más incurren en sanciones son las entidades ayudadas. Podrían mantenerla viva los dos grandes, Santander y BBVA, pero ambos han juzgado esta guerra como insostenible.
Otra exigencia europea muy relevante es la de impedir que las entidades rescatadas acometan procesos de integración. Si finalmente se inyecta dinero del rescate a Popular, Sabadell y Kutxa, eso las dejaría fuera de la puja por CatalunyaCaixa, que quedaría reservada a los dos grandes. Igualmente, Mare Nostrum no podría pujar por Banco de Valencia, cuando al inicio de la subasta era el gran favorito del Gobierno para llevarse a la antigua filial de Bankia.
Los CoCos, por encima del 8,5%
Otra importante exigencia de la UE es que los bancos no pueden recibir el dinero al mismo tipo de interés que lo va a recibir el Gobierno (el 3%, o como máximo el 4%). La normativa de ayudas de Estado de la Comisión establece que el capital que se inyecte en los bancos debe hacerse en condiciones de mercado, lo que significa que los CoCos (convertibles contingentes) deben inyectarse a un tipo similar al que pagan las preferentes de las entidades españolas.
De hecho, el propio comisario Joaquín Almunia anunció ayer que este tipo se situará como mínimo el el 8,5%. En Portugal -donde el coste del rescate para el país será similar al del de España- estas inyecciones se han realizado entre el 7% y el 9,3% en función de la situación de cada entidad. Ahora bien, estos tipos harían inviable su devolución por las entidades más débiles -recuerden que nadie ha podido devolver las primeras inyecciones del FROB, salvo Banca Cívica gracias a su compra por La Caixa-, así que algunos expertos consideran que el FROB se ahorrará este paso intermedio e inyectará directamente acciones, no CoCos.
El plazo también será inferior al que disfrutará el Estado para devolver el dinero. Los Reales Decretos de reforma financiera establecen su plazo entre tres y cinco años, y en Portugal se han concedido a este último plazo. Ahora bien, si se confirma que España tendrá 15 años para devolver el rescate, la diferencia con el plazo exigido a las entidades será demasiado amplia y este último podría alargarse.
