APROBADA EN el Congreso la sexta reforma del sistema financiero desde que comenzó la Gran Recesión, el Gobierno cumple uno de los principales requisitos, exigidos por el Eurogrupo, en el memorando del entendimiento, para dar vía libre a los 100.000 millones de euros que el FROB recibirá para hacer efectivo el rescate de aquellos bancos y cajas cuyos activos tóxicos condicionan fuertemente su solvencia y su viabilidad como negocio.
En los próximos días, el Banco de España dará a conocer oficialmente los resultados de las pruebas de resistencia (test de estrés), realizadas por Oliver Wyman, que ha pasado cada entidad financiera de forma individual.
Es probable que, de manera extraoficial, cada uno los efectados ya haya sido informado sobre el estado en el que se encuentra. Y esa información privilegiada le permita ganar tiempo sobre la agenda de actuaciones previstas y los cambios que resulten pertinentes. Aún así podría haber sorpresas de última hora.
Lo que al parecer ya no es ninguna sorpresa, y tanto el presidente Rajoy como el presidente de la Xunta conocen las fechas en las que se llevará a cabo la operación, es el preacuerdo de La Caixa con Novagalicia Banco para hacerse con un parte de las oficinas que éste tiene en Galicia y quedarse con el Banco Gallego.
Dicha operación permitiría a NCG soltar lastre y navegar en solitario. Sólo se quedaría con EVO, la marca de la banca electrónica creada tras el desembarco de José María Castellano, y en la que ha tenido mucho que ver el fichaje de César González-Bueno, procedente de ING, como consejero-delegado.
Pero para que ese proyecto cuaje, hay que saber cuál es el diagnóstico que la consultora Wyman hace de Novagalicia Banco, y si Bruselas admite que la entidad gallega reúne las condiciones requeridas para ser viable. No hay que olvidar que está nacionalizada, y ello le obliga a cumplir una serie de requisitos mucho más exigentes que si la mayoría de su capital social fuese privado. De hecho, el FROB puede ponerle fecha de caducidad y venderla al mejor postor.
Desde la perspectiva política y electoral, el acuerdo con La Caixa ayudaría a los populares gallegos a maquillar el desastre que ha supuesto la fusión de Caixa Galicia y Caixanova.
Además de que los números manejados al comienzo del proceso se han desvelado falsos en los aspectos más cruciales de los balances de ambas cajas. Cuestiones como las elevadas indemnizaciones cobradas por los exdirectivos, el caso oscuro de las participaciones preferentes y los recortes sufridos en los programas de mayor peso social, han generado una enorme pérdida de credibilidad entre los ciudadanos que paulatinamente se va trasladando a Novagalicia Banco.
Un problema no menor. Pues supone la ruptura de unos vínculos que identificaban a los depositantes con las dos cajas. En cierta medida esa complicidad se ha roto, y la ruptura conlleva costes económicos y políticos.
